El Informe Petras (1995 Primera parte)

La estrategia de Modernización


La modernización de la economía española entre 1982 y 1995 (período de gobierno del PSOE) involucró fundamentalmente tres estrategias relacionadas entre sí: liberalizar la economía, ahondar la inserción de España en la división internacional del trabajo (integración en la CE) y configurar un nuevo “régimen regulador”.
La liberalización tuvo lugar a lo largo de un marco prolongado de tiempo y fue de naturaleza global. Abarcó todo el período que consideramos y afectó profundamente a todos los sectores, regiones y clases de la población. Las medidas clave incluían la liberalización de los mercados, privatización de empresas públicas y bancos, libre convertibilidad y la flexibilización del mercado laboral. La aplicación de cada una de las medidas difirió en el tiempo: algunas se produjeron a mitad de los 80 (privatizaciones). Otras, de un modo poco sistemático, comenzaron en la última parte de la década y se prolongaron hasta mitad de los 90.
A la estrategia de liberalización la acompañó (siendo causa como consecuencia) la creciente inserción de España en la división internacional del trabajo, en particular como miembro a todos los efectos de la Comunidad Europea. La integración implicaba fundamentalmente especialización, desde el momento que España sólo era capaz de competir con éxito en un número limitado de áreas. En particular, la inserción de España en la división europea del trabajo tuvo por resultado la expansión de los servicios, especialmente del turismo, y un declive relativo de la industria. Inserción e integración implicaron básicamente dos procesos asimétricos interrelacionados: una transferencia desproporcionada de fondos de la CE a España (en relación con los pagos) y una balanza comercial muy desfavorable para el país. La entrada creciente de España en el mercado internacional condujo también a flujos de préstamos inversiones y beneficios desproporcionados: más préstamos e inversiones hacia España que viceversa; como consecuencia hubo mayor salida de beneficios e intereses devengados a inversores extranjeros que afluencias derivadas de los inversores extranjeros en España.